En un posicionamiento firme durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al gobierno de los Estados Unidos mayor claridad respecto a un presunto acuerdo judicial con Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente en proceso legal en aquel país. La mandataria hizo un llamado directo a Washington para que explique públicamente bajo qué términos se permitió el ingreso de 17 familiares del capo a territorio estadounidense.
“Fue enviado por México”, recordó Sheinbaum, al subrayar que Ovidio Guzmán enfrenta todavía investigaciones pendientes en suelo mexicano y que su captura (ocurrida en enero de 2023 en Sinaloa) costó la vida a varios elementos del Ejército Mexicano. En ese contexto, la jefa del Ejecutivo cuestionó por qué el gobierno estadounidense no ha informado con claridad los términos legales bajo los cuales se dio el traslado de los familiares del presunto narcotraficante.
“Tienen que informar”: Sheinbaum exige claridad en el caso de Ovidio Guzmán
El martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que 17 familiares directos de Guzmán López recibieron autorización para ingresar a Estados Unidos como parte de una negociación con el Departamento de Justicia de ese país. El funcionario aclaró que ninguna de estas personas tenía órdenes de aprehensión vigentes ni era requerida por las fiscalías mexicanas.
Sin embargo, Sheinbaum criticó el hermetismo con que se ha manejado el tema. “No tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia”, reclamó. Enfatizó que, aunque México está dispuesto a colaborar en temas de seguridad transfronteriza, esta cooperación debe darse en un marco de respeto y soberanía, sin replicar viejos esquemas donde, dijo, “quienes operaban todo eran ellos”.
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Narcoterrorismo y el rol del Cártel de Sinaloa
Las declaraciones de Sheinbaum se dan en el contexto de una nueva ofensiva judicial en Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del hemisferio occidental. El mismo martes, el Departamento de Justicia presentó una acusación formal por narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, apodado “Pichón” o “Pájaro”.
Según las autoridades estadounidenses, ambos son operadores clave en la producción y distribución de fentanilo, liderando una de las redes más grandes y sofisticadas del mundo, vinculadas con la facción de los Beltrán Leyva. El fiscal general adjunto de EE. UU. declaró que estas acusaciones representan un nuevo frente en la lucha legal contra el narcotráfico, ahora bajo la figura del “narcoterrorismo”, lo que endurece las penas y refuerza la presión internacional sobre las organizaciones mexicanas.
Una postura de defensa nacional
Frente a este panorama, Sheinbaum reiteró que la administración federal está dispuesta a colaborar con Estados Unidos en el combate al crimen organizado, especialmente en temas como el tráfico de drogas sintéticas. No obstante, dejó claro que la cooperación debe estar guiada por principios de equidad y reciprocidad.
“Queremos que se cumpla la ley, por supuesto que sí… pero que expliquen esto. Tienen que informar”, sentenció. Rechazó cualquier forma de injerencia directa de agencias extranjeras en operativos en territorio mexicano, y sostuvo que el gobierno que encabeza defenderá la patria y la soberanía nacional en todo momento.
Este episodio marca un cambio en el tono de la relación bilateral en materia de seguridad. Mientras las autoridades estadounidenses intensifican su narrativa sobre el narcotráfico como amenaza terrorista, la administración de Sheinbaum busca establecer límites claros en la cooperación judicial y operativa, exigiendo transparencia en casos como el de Ovidio Guzmán.
